18 oct. 2017

Otra vez Venezuela… Otra vez elecciones… Otra vez el chavismo!

Desde que Hugo Chávez se instaló en la presidencia en 1999, 23 veces los venezolanos han ido a las urnas a expresar su voluntad, en promedio más de una anualmente, de las cuales el chavismo solo perdió en 2007 y en 2015. Su último triunfo acaba de sellarse este domingo 15 de octubre con la obtención de 18 de 23 gobernaciones estadales que estaban en juego.
Ha sido a través de certámenes electorales y de movilizaciones callejeras que el chavismo se ha mantenido vigente desde fines del siglo pasado. Así ha logrado sobrevivir a dos ofensivas concertadas: una interna de carácter violento y apátrida, y otra externa que combina la ofensiva comunicacional con la asfixia económica y las sanciones al gobierno y al pueblo chavista.
Los dos triunfos de este año: la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio y el del domingo pasado, son especialmente significativos por el decidido empeño de Washington y sus aliados en Europa y América Latina por poner fin, a cualquier costo, al proceso político chavista y con él, a la primavera de rebeliones latinoamericanas contra la dominación imperial que ya se acerca a sus primeros 20 años. La centralidad de la Revolución Bolivariana en la vida política de la región es incuestionable y en ninguna parte es tan bien sabido como en la Casa Blanca. Esto hace a los triunfos del chavismo cada vez más trascendentes, cada vez más internacionales.
La fórmula chavista empleada para derrotar la violencia y salir de la crisis política, se llama democracia. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sirvió para frenar en seco la ofensiva violenta y sediciosa que dejó cerca de 120 muertos entre abril y julio; a la vez está propiciando nuevas tentativas de diálogo con sectores de la oposición que después de tanta sangre, cada vez creen menos en una dirigencia que anda por EE.UU. y Europa pidiendo sanciones para su propio país. Las elecciones últimas del domingo 15 y sus resultados, con una participación récord de 61.14% para las regionales, realizadas sin incidentes que lamentar y escrutadas  con una inmediatez sin precedentes, consolidan la recuperación del sistema político y dan un baño de legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente y al propio gobierno del presidente Maduro.
La oposición se dividió entre un sector radical sedicioso, que sigue añorando la “guarimba”, el vandalismo y la sangre, y otro, que sí acogió el llamado al certamen democrático, aunque repitiendo el libreto de participaciones pasadas, que consiste en llamar a votar, participar en las auditorías de la plataforma tecnológica, avalarla, y antes de que el Consejo Nacional Electoral publique el primer boletín del escrutinio, anunciar fraude a los cuatro vientos y convocar ruedas de prensa para que el escándalo sea recogido por los medios de comunicación internacionales y obviamente, por el Departamento de Estado, quien ya expidió comunicado diciendo que las elecciones no fueron “ni libres ni justas”, que “la voz del pueblo venezolano no fue escuchada” y otras perlas que sus asesores tenían ya preparadas mucho antes del domingo 15.
Así, la Mesa de Unidad Democrática –MUD– que agrupa a la oposición, anunció su desconocimiento de los resultados y está pidiendo auditorías totales, pero nada dice sobre la validez de las 5 gobernaciones que obtuvo, 2 más de las que venía ocupando desde 2012.
Igual que el 30 de julio, lo que hubo el pasado domingo, fue un castigo popular a la violencia y a quienes han aplaudido todas las injerencias extranjeras en los asuntos internos del país. En particular, ha salido golpeado el proyecto de instalar un gobierno paralelo desde EE.UU., que con el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dado su primer paso al posesionar en la sede de ese organismo, a un Tribunal Supremo de Justicia espurio, que pretende armar expedientes contra el gobierno de Caracas y sus funcionarios, para acusarlos ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.
La estrategia de un gobierno en el exilio, es la última carta que le queda a la burguesía internacional después de haberlas quemado todas en el juego dentro de fronteras que protagoniza con la MUD y sus “guarimberos”. Trump y sus halcones seguirán insistiendo en el proyecto de no dejar terminar el gobierno de Maduro. Pero cada vez es menos viable que ello lo puedan lograr a través de una oposición interna repetidamente vapuleada en las urnas. La opción del empleo directo de la fuerza también parece esfumado, ante las dificultades para una legitimación dentro de la OEA (aplicación de la “Carta Democrática”), y la opinión negativa del presidente colombiano, dispuesto según parece, a no ensuciar su Premio Nóbel de la paz con un apoyo a semejante aventura.
La derecha venezolana no solo muerde el polvo de sus propias derrotas. Enfrenta igualmente una dura crítica de sus pares internacionales y de los republicanos estadounidenses; su ineptitud quedó ampliamente probada. Su panorama de corto plazo se ha oscurecido para la recta final del período de Maduro. Ha pasado a depender cada vez más del oxígeno que le manden del norte empaquetado en denuncias internacionales contra el gobierno, en descertificaciones y sanciones de todo tipo. Por lo tanto, la injerencia externa en los asuntos venezolanos crecerá. La oposición la pedirá a diario, y gritará que está siendo torturada y exterminada impunemente. Las derechas internacionales entonces se concertarán para la intervención “humanitaria” y para defender los derechos humanos de los indefensos, asuntos en los cuales han acumulado una larga experiencia.
El escenario próximo de la defensa de la Revolución Bolivariana es el de una internacionalización mayor. La confrontación entre el chavismo y la oposición interna se desnudará y quedará al descubierto lo que muchos han querido ocultar: que de lo que se trata es, de los intereses imperiales de los EE.UU. sobre unos recursos naturales venezolanos y latinoamericanos, esenciales para mantener su economía predatoria y consumista; que lo que está de por medio es el petróleo de quien tiene los mayores yacimientos del planeta. Otros países del mundo han sufrido en carne propia la desgracia que significa ser ricos en hidrocarburos.
Después de la segunda derrota de la derecha venezolana e internacional el pasado 15 de octubre, grandes medios de comunicación abren sus páginas a dirigentes, periodistas y analistas liberales para que “expliquen” los resultados que arrojó la jornada. Muchos dejan a un lado el análisis concreto de las situaciones concretas para hablar sobre encuestas, predicciones y sondeos, pensando que en Venezuela como en sus países, son los encuestadores y quienes los contratan, los que protagonizan la política nacional. Casi todos se cuidan de mencionar la Revolución Bolivariana y sus logros, el legado ideológico de Chávez o las organizaciones de base popular que constituyen la sólida retaguardia del régimen político; mucho menos se refieren al rechazo social que han provocado tres meses consecutivos de muerte y destrucción. Los analistas de cabecera que nos ponen a leer, son “políticamente correctos”. Más confundidos que nunca, la han emprendido ahora contra los electores, a quienes consideran descerebrados que no votan teniendo en cuenta sus cifras de favorabilidad y desfavorabilidad. Así son nuestros liberales: cuando pierden en democracia, se proclaman ganadores echando mano de las encuestas. Esta es la manera como andan “argumentando” el supuesto fraude del domingo, pues todo lo que no haya sido previsto y proyectado por ellos mismos, es un robo de los chavistas o del gobierno de Maduro.

No es que “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida” como canta Rubén Blades. Lo que sucede es que una cosa son las realidades políticas y otras muy distintas las proyecciones estadísticas. Si no fueran distintas, el SÍ a la paz hubiera sido el triunfante el 2 de octubre del año pasado en Colombia; pero no fue así, y quienes perdimos, tuvimos que aceptar una renegociación de los acuerdos de La Habana. Los demócratas de verdad, no pueden pretender ganar con cara y con sello al mismo tiempo, al mismo tiempo en las urnas y en las encuestas de opinión.

3 ago. 2017

Venezuela: Rebelde y constituyente

Se realizó este domingo 30 de julio la jornada de elección de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. La sola realización de ella, es por sí misma una derrota de la “posverdad” según la cual, el chavismo es un cadáver y su gobierno está encabezado por un tirano carente de apoyo ciudadano que solo se apoya en la fuerza. La oposición se había jugado todo para impedir que las elecciones se realizaran. Su proyecto inocultable contemplaba boicotear ese evento convirtiendo a Venezuela, y principalmente a Caracas, en un campo de batalla para impedir a los ciudadanos acercarse a los puestos de votación, levantando barricadas, provocando trancones, incendios y asesinatos de chavistas que obligaran a la gente a quedarse en casa.
La oposición pronorteamericana efectivamente tiñó de sangre la jornada, pero perdió la batalla. Sus únicos trofeos fueron los 15 muertos, principalmente en Táchira y Mérida, entre ellos un candidato a la Constituyente y un policía, los heridos, la destrucción de algunos materiales y el asedio de 200 puestos de votación, que no alcanzaron a impedir el ejercicio del derecho fundamental a participar en política, a elegir y ser elegido. En cinco municipios no fue posible realizar la votación, además hubo algunas perturbaciones y retrasos principalmente en los barrios caraqueños de estratos altos de la población. Fueron así, unas elecciones bajo el asedio de la violencia, que los ciudadanos, la fuerza pública y el poder electoral supieron sortear de muchas maneras.
Este triunfo de la democracia no obstante, no cierra el ciclo que se ha denominado como un golpe de estado “suave” o “blando”, iniciado  desde el momento en que Nicolás Maduro ganó la presidencia frente a Henrique Capriles en abril de 2013. La oposición interna ha anunciado que mantendrá sus actividades insurreccionales, al tiempo que los poderes imperiales externos se disponen a aplicar nuevas sanciones contra el país y sus dirigentes. Vendrán pues, nuevas batallas entre el chavismo y los opositores que guiados desde Washington, insistirán en derrocar el gobierno constitucional venezolano. Muchos de sus miembros se harán más violentos y van a derivar en formaciones terroristas, solo que practicarán un terrorismo del “bueno”, es decir, del que patrocina EE.UU.
La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fue la apuesta estratégica más importante y más generosa del chavismo hasta hoy. Fue su propio proyecto político lo que puso en juego, hasta el punto que muchos de sus líderes fueron reticentes a jugarse en un debate público lo que en franca lid han ganado y mantenido durante 18 años. La oposición no entendió o no quiso entender la magnitud del reto que se le estaba haciendo. Con la mentalidad del “todo o nada” prefirió mantenerse en su apuesta violenta de derrocar al gobierno legítimo con base en sus apoyos externos.
La Mesa de Unidad Democrática –MUD– y el empresariado que se agrupa en Fedecámaras, se negaron a participar y a presentar candidatos. Hasta pocos días antes del 30 de julio, emisarios del presidente Maduro sostuvieron reuniones con la dirigencia opositora, se les ofreció incluso un aplazamiento de las votaciones para que tuvieran tiempo de adelantar una campaña electoral amplia con todas las garantías, pero todo fue inútil. Pudieron más los odios y la intransigencia vengativa de esa cúpula. No es inmoral ni es un delito que una agrupación política busque el poder del estado y luche con denuedo por convertirse en gobierno, pero no tiene presentación que renuncie al diálogo, a la negociación, a la movilización civilista, es decir, a la política, para transitar los caminos de la violencia.
La oposición venezolana demostró por enésima vez, que no es ni democrática ni civilista. En 2002 dio un golpe de estado; dos veces en 18 años ha triunfado electoralmente y sus resultados han sido acatados sin vacilaciones, a cambio, ha considerado “espurias” todas las victorias ajenas, una cada año en promedio. El pasado 16 de julio realizó una consulta extralegal y nadie los obstruyó con trancones, incendios, asesinatos, ni destrucción de su material electoral. Hoy como siempre lo ha hecho, patea la mesa y además advierte de peores días para Venezuela.

Las frías cifras
Oficialmente los votantes fueron 8.089.320 que equivalen al 41.53% del censo electoral, faltando solo pocos sufragios que son los indígenas. Los resultados del evento eleccionario fueron sorpresivos, no tanto porque la matriz de opinión impuesta por los medios subestimó la fuerza del chavismo, sino porque la oposición mandó todas las semanas anteriores un mensaje intimidatorio que buscó reducir la participación a un mínimo histórico.
La abstención fue por lo tanto del 58.47%, que corresponde en parte a la oposición y en parte a grupos de ciudadanos apáticos o que fueron víctimas del saboteo programado por los violentos. De hecho, los analistas políticos de ese país han identificado desde fechas recientes un amplio sector de ciudadanos que desencantados de la violencia, han terminado por marginarse de la política misma.
Dos semanas antes, la oposición había cantado victoria con la realización de una consulta anticonstituyente, manual y sin ninguna auditoría, cuyo material fue incinerado dos días después, que según sus organizadores obtuvo 7.6 millones de votos. Sobra  decir que esa consulta no tenía ningún efecto interior tangible, pero le dio aire a la algarabía mediática internacional, y sobre todo, fue aprovechada para abrir expectativas sobre un eventual gobierno paralelo que empiece a obtener reconocimientos y apoyos económicos internacionales, y termine con los actuales dirigentes chavistas exiliados o compareciendo ante tribunales de justicia.
La votación del antichavismo perdió el 30 de julio las potencialidades que le habían colgado, lo que no significa que desde Washington y otras capitales latinoamericanas, se eche al cesto de la basura el proyecto de un gobierno paralelo que restituya el Palacio de Miraflores a la derecha venezolana.
Mientras tanto, la cifra de los 7.6 millones se le vino en contra a la MUD, porque en ausencia de ella, estaría festejando y reclamando que el 58.47 de abstención, le pertenece. Estaría cantando victoria sobre el 41.53% constituyentista, que de todas maneras, es minoritario respecto al censo electoral. Deben sus dirigentes estar analizando hasta dónde se equivocaron al dejarse contar, así la cifra de 7.6 millones no haya sido certificada por nadie. La fotografía al desnudo de las fuerzas electorales hoy, muestra un gobierno fortalecido frente a la oposición y frente a la masa abstencionista.
Esta derrota tiene muchas lecturas dentro de la oposición; agudizará la división entre quienes tímidamente se inclinan por un diálogo con el régimen y quienes persisten en el proyecto de triunfar por la fuerza. Parte de ese debate se reflejará en la próxima semana, cuando se abran las inscripciones de candidatos a las elecciones regionales de diciembre, pues algunos persistirán en los derramamientos de sangre y los menos obtusos, querrán participar en unos comicios organizados por los mismos funcionarios, las mismas instituciones y las mismas máquinas que supuestamente les han robado todas las elecciones desde 1998. Su mundo no puede ser peor.

Los medios, o el sol que alumbra de noche
Las grandes empresas comunicacionales que tienen cubrimiento latinoamericano, han sido las puntas de lanza del golpe de estado blando contra el gobierno venezolano. Su proyecto es desarrollar la matriz de opinión internacional necesaria para el derrocamiento de Maduro, que le otorgue legitimidad a una suplantación por la fuerza, o mejor aún, a través del poder legislativo y judicial como se hizo exitosamente con Zelaya en Honduras (2009), Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016). Imposible olvidar además, que el pasado 9 de enero, la mayoría de la Asamblea Nacional declaró el “abandono del cargo” del presidente Maduro, en un intento fallido por sacarlo del poder por la puerta de atrás.
Esos grandes medios, principalmente radiales y televisivos, han conformado un coro apabullante que fabricó una opinión pública no solo antichavista, sino además antivenezolana, que llenó a países como Colombia de “venezolanólogos” de ocasión, que ignoran lo que ocurre debajo de sus propios pies, pero hablan con desparpajo contra Maduro y contra la Constituyente, lloran los muertos que, según les han dicho, todos son opositores, y hasta acusan de “castrochavista” al pobre Juan Manuel Santos, que fue el primer presidente latinoamericano en obedecer a Trump cuando declaró desconocer las elecciones del domingo pasado.
Los mensajes de la “canalla mediática” buscan que el enemigo de la burguesía sea el enemigo de todos, como Estados Unidos lo ha hecho con otros países, grupos o líderes, incluidos viejos amigos que caen en desgracia. Se trata de un matoneo organizado para movilizar fuerzas contra un tirano, mafioso, narcotraficante, dictador monstruoso que viola derechos humanos y debe ser eliminado antes que elimine él nuestro paraíso. Lo particular es que esos monstruos crecen siempre en las regiones del mundo que son ricas en petróleo. ¡Qué raro!...
Un día después de depositados los ocho millones noventa mil sufragios por la Constituyente, una de las votaciones históricamente más altas del chavismo, muchas mentiras se han derrumbado, pero no los intereses de los conglomerados empresariales que gerencian los medios. En pleno día siguen diciendo que es de noche, hablando de fraudes y dictaduras, y anunciando los apocalipsis que vendrán si ellos no pueden volver a gobernar. El periódico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el magnate más rico de Colombia, y de la familia Santos, con la moral periodística que tanto se aplica en este país, tituló en primera página “A sangre y fuego Nicolás Maduro impone su constituyente” y la fotografía que ilustra la “noticia”, es precisamente una avenida desierta, una romántica pareja en trance de heroísmo, dos llamas y una humareda, que maliciosamente, ilustran la sangre y el fuego que según el periódico, la impusieron. Ese diario es el decano de la prensa centralista bogotana y adalid de la libertad de prensa que se practica en este país.
Esa prensa, con toda razón, se siente perdedora frente al resultado de las elecciones para la Constituyente, y reacciona igual que las “barras bravas” futboleras cuando pierden el partido. Saltarán más y su algarabía será mayor; van a crear más “Venezuelas sin fronteras” y más programas para transmitir en vivo y en directo todas las hazañas de la oposición. Nos darán muchas lecciones de prensa libre, pero libre allá.

Los hilos se mueven desde Washington
Estados Unidos es el centro de poder que mueve los hilos del antichavismo interno y externo a Venezuela. Desde la enfermedad de Chávez reacomodó fichas para regresar al Palacio de Miraflores y cuando fracasó, inició todo un proceso de desestabilización que ha combinado todas las formas de lucha contra el gobierno de Maduro, unas veces en forma directa y otras, a través de la MUD. Es evidente que los acercamientos de Obama hacia Cuba, a finales de 2014, tenían la contracara de una reformulación de la política imperial frente a Venezuela. Significaban un cambio de frente porque entendió la Casa Blanca que más que Cuba, era el chavismo quien tenía mejor proyección sobre la América Latina rebelde.
Tanto Obama como Trump, han acompañado y mantenido el oxígeno al antichavismo, pero han hecho lo posible para no dar la cara y no entrar de lleno en una confrontación abierta que pueda involucrar a una parte importante de América Latina. Lo anterior explica en parte, la prioridad de la guerra comunicacional y, las actuaciones directas sobre dirigentes individuales, antes que sanciones colectivas que puedan conducir a una radicalización generalizada. Quizá estén aprendiendo de su amarga experiencia cubana.
Pero los resultados electorales del 30 de julio fueron inesperados para los norteamericanos también. Esa fecha fue anunciada por la oposición como la hora cero, la de las acciones más intrépidas y la derrota estratégica del chavismo. Como el resultado fue distinto, a esta hora se encuentran reunidos recomponiendo la agenda del golpe.
En la consumación del golpe de estado, Washington ha tenido contratiempos que insistirá en resolver. Uno de ellos es con la OEA, que no ha logrado después de largos intentos, producir una resolución contundente y definitiva que expulse a Venezuela del sistema interamericano, como fue expulsada Cuba en 1962, no por casualidad, ante proposición presentada por la delegación colombiana. Y es precisamente el estado colombiano, la otra pieza del ajedrez que EE.UU. debe alinear para la derrota del chavismo. El imperio necesita que Colombia reasuma su papel tradicional de peón de brega para la política latinoamericana de los EE.UU., papel que ha embolatado en los últimos años, con Álvaro Uribe porque no tuvo la total confianza del demócrata Obama, y con Santos, porque un activismo proestadounidense lo hubiera inhabilitado para negociar la paz con organizaciones de la Izquierda armada. En la medida que las negociaciones con las insurgencias vayan quedando resueltas, el Estado colombiano volverá a su tradicional condición de “Caín” de América Latina.
Además de reasumir su papel en la geopolítica de Washington, Colombia está llamada a hacer valer su extensa y porosa frontera venezolana, la posesión de una amplia base social contrainsurgente y de siete bases militares norteamericanas dispuestas para cualquier eventualidad. Sin el concurso de la OEA y del estado colombiano, es poco probable que la agresión militar se desate contra Venezuela; mientras tanto las principales cartas a jugar seguirán siendo la de un gobierno paralelo y la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que desate una guerra civil, quizá el mejor pretexto para una intervención a gran escala.

Todo lo del pobre es robado
Hay un abundante material periodístico tanto analítico como audiovisual, del que pueden deducirse conclusiones sobre aspectos sustanciales de la división social que volvió a expresarse en la jornada constituyente del domingo. Está latente en los electorados del chavismo y la oposición, una condición de clase social que guste o no, ayuda a entender los proyectos políticos que se juegan en Venezuela. El asunto empieza a visibilizarse cuando las cámaras enfocan a corta distancia los rostros de los manifestantes, sus conductas y sus gestos. Hay un inocultable contraste en los colores de piel, las sutilezas del vestuario, el habla y las maneras de referirse a sus entornos.
Está suficientemente documentado que las expresiones colectivas de los chavistas, radicalismos aparte, son festejos donde a menudo se canta, se baila y se disfruta del encuentro, siendo normal en ellos la presencia de mujeres y niños. En el bando del frente, en cambio, sobresalen las capuchas, el brazo amenazante y la predisposición al asalto. Se trata de jóvenes principalmente de las clases medias altas, resentidas con un gobierno que no les está garantizando sus viejos privilegios.
Pero las divisiones de clase, que son objetivas y se definen ante todo en el mundo de la economía, no se trasladan mecánicamente como si fueran fotocopias, al mundo de la política. Así, en la oposición venezolana militan también ciudadanos de los estratos sociales más bajos, algunos de los cuales hacen parte de los grupos de choque que arman los dirigentes de la MUD para provocar caos selectivos en las grandes ciudades, sin mencionar los que son contratados para esos fines en las entrañas mismas de las barriadas caraqueñas. Del otro lado, tampoco todo es chavismo ni mucho menos “clase obrera” consciente dispuesta a acabar con el capitalismo. Un número importante de votantes por la Constituyente fueron ciudadanos ajenos al gobierno y sus políticas, pero cansados de la violencia y jugados por las soluciones políticas a la crisis, de tal manera que sus votos fueron ante todo por el valor supremo de la paz.
En toda esta confrontación, que tiene tanto de simbólica, el antichavismo no ha podido ocultar un sentimiento aristocrático, que pone en duda, cuando no niega abiertamente, la posibilidad de que los pobres, o los negros, o los marginados en ese país sean sujetos de derechos. Es recurrente el señalamiento de las supuestas “dádivas” que reciben del gobierno los grupos sociales más vulnerables de Venezuela, que cargan el estigma de “aprovechados” que Maduro se ha echado al bolsillo para mantenerse en el poder. Es decir, hay un resentimiento social que en el fondo, condena las políticas públicas redistributivas que reconocen derechos a los que no los han tenido; considera que estos, son para la parte superior de la pirámide social pues como suele decirse “todo lo del pobre es robado”.
Prevalece allá como en el resto de América Latina, un vocablo que inunda el relato político dominante para llenar de carga negativa el reconocimiento de derechos a los desposeídos, ese vocablo es “populismo”, y señala una suerte de pecado político consistente en integrar a los marginados, en extender la ciudadanía social o garantizar la subsistencia a los más vulnerables. Es un lenguaje fácil, de uso generalizado incluso dentro del liberalismo, para el cual lo políticamente correcto es mantener la pobreza dentro de los límites adecuados que no constituya una amenaza al statu quo.
En nuestro medio entonces, se han tildado de “populistas” todos los proyectos redistributivos de riquezas o de ingresos, que han ido más allá de lo convenido entre las oligarquías para mantener el orden establecido. No por casualidad, ese discurso aristocrático, en Venezuela como en todos los países, se esfuerza por unificar el significado de “populista” con los de “dictador” y “tirano”.

¿Socialismo petrolero?
La economía venezolana está levantada desde las primeras décadas del siglo XX sobre una sola columna que son sus inmensos yacimientos de petróleo. Esa economía monoexportadora, rentista y extractivista, marca todos los aspectos de su vida nacional: la sociedad, la política, la cultura y el territorio. Durante el siglo pasado ese país fue gobernado por oligarquías petroleras voraces que solo en las mayores bonanzas exportadoras dejaban gotear algo hacia los estratos bajos de la población. Ese modelo de desarrollo era funcional a las clases dominantes y al mismo tiempo estas, defendían y hacían lo posible por mantenerlo. El modelo generaba dependencia de los mercados internacionales del crudo e inestabilidad económica interior, pero esos nunca fueron problemas para los magnates que quitaban y ponían los gobiernos porque finalmente, como ocurre en todas partes, los que pagan las crisis son los pobres.
Cuando el chavismo accedió al poder en 1999 se echó encima esa carga inmensa de transformar la sociedad venezolana  desde sus cimientos, lo que implicaba cambiar un modelo de desarrollo enraizado en lo más profundo de la historia pasada. No se puede sin faltar a la verdad, negar los esfuerzos del gobierno por incentivar la producción agraria e industrial, pero la otra cara de esa verdad es la del fracaso, porque al día de hoy, esa economía sigue siendo esencialmente rentista y vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales, con graves consecuencias tanto para el conjunto de las políticas económicas, amarradas de mil maneras a las cotizaciones externas del crudo, como también para la sociedad y la política.
La transición Chávez-Maduro en 2013 fue particularmente problemática para el chavismo en lo social y en lo político. La oposición estuvo cerca de ganar el palacio de Miraflores y rechazó los resultados a su manera: con muertos y heridos. Ese mismo año sobrevino la crisis de los precios internacionales del petróleo que apenas en estos días, muestran una mejoría muy leve. Como consecuencia de esta baja, el ímpetu de las políticas sociales gubernamentales se ha frenado, aunque manteniendo en lo fundamental los triunfos alcanzados con rapidez en años anteriores, tanto en subsidios a alimentos como en salud, educación y vivienda.
La debilidad de la macroeconomía venezolana con sus altos índices de inflación y su inestabilidad monetaria son el “coco” que el chavismo no ha podido espantar. Un experimento socialista es insostenible sin una base social productiva que rompa la dependencia alimentaria y energética, y ponga el país a salvo del desabastecimiento y los saboteos, tanto internos como externos. Ese talón de Aquiles es bien conocido por quienes buscan el golpe de estado en el país vecino y no han dudado en martillar duro sobre ese punto.
Una de las formas de lucha predilectas del antichavismo, con la música de fondo de los medios sobre la “crisis humanitaria” ha sido la guerra económica, bajo la forma del acaparamiento, la manipulación de precios y el ocultamiento de productos básicos para la población. Esas estrategias delictivas obligan al gobierno a imponer controles y racionamientos que, bien lo saben los opositores, le generan desgaste y mala imagen pública. Es un juego sutil que hábilmente Maduro y sus asesores, en parte han aprovechado para construir poder popular a través de organizaciones comunitarias carnetizadas que vigilan y controlan la distribución de bienes básicos.
Un modelo de desarrollo, más aún si es extractivista, no se puede cambiar como si fuera un traje. Pero el chavismo no podrá garantizar su subsistencia, si por lo menos en el mediano plazo no avanza en la diversificación de su economía y en agregar valor a sus materias primas exportables, que son muchas más que petróleo crudo.

El escenario inmediato: el agrio y el dulce
La Constituyente elegida el 30 de julio, fracasó en su objetivo de convertirse en la gran mesa de negociación multisectorial que aisle definitivamente a los violentos y reconduzca la vida institucional de Venezuela. Otra cosa es su legitimidad jurídica y política, su carácter popular y territorial indiscutibles. Sesionará hasta que el nuevo texto constitucional esté redactado. La oposición continuará convocando movilizaciones que toda la opinión pública sabe, son violentas o degeneran en vandalismos. Violencias y vandalismos que no serán condenados por los antichavistas de ningún lugar del mundo y al contrario, serán mostrados como actos heroicos de una juventud libertaria y generosa dispuesta a sacrificar la vida por su pueblo.
Si no fuera por el aire que reciben desde fuera, las formaciones opositoras violentas por sí solas, estarían condenadas a apagarse en sus propias llamas, debido al aislamiento progresivo y el desgaste que vienen sufriendo desde semanas atrás. No todos los sectores que agrupa la MUD ven con simpatía esa estrategia de destrucción y muerte que tanto afecta bienes y personas ajenas al gobierno, por eso hay en su interior una división latente que cuando pase este temporal, seguramente se va a expresar en forma abierta.
Pero el sector más duro de esa coalición, que mantiene abierta la convocatoria a la lucha callejera, mejor sintonizado con el antichavismo exterior, mantiene la lógica del golpe por golpe y del “es ahora o nunca”. No se van a dar pausa y buscarán afectar a la propia Asamblea ya instalada.
Luego de abstenerse de participar en este proceso, en el corto plazo solo aparece el escenario de la lucha electoral por representaciones regionales, que de no ser asumido, va a marginar políticamente a la MUD por largo tiempo y de contera, a estimular su proyecto de tumbar el gobierno a través de la fuerza. Hasta ahora, los mensajes no son claros, pero están llamando ya a tomarse las calles contra un supuesto fraude, igual que siempre lo han hecho en todas las elecciones pasadas para mantener el ambiente insurreccional. Es la única bandera que pueden desempolvar hoy para mantener el orden público bajo amenaza.
En este contexto de sesión bajo asedio, la Constituyente ofrecerá también oportunidades al chavismo para una recomposición política y  organizativa, que bien podría empezar por evaluarse y someter a crítica sus propias omisiones y realizaciones, tanto en el plano tan delicado de la economía como en aspectos de la dirección, los métodos y los sistemas de representación internos y hacia afuera, que tanto se polemizan entre las Izquierdas latinoamericanas.
De conjunto, la oposición interna se ve cada vez más desorientada, lo que no significa una mengua de su capacidad de daño. Incapaz de deslindarse de la violencia y de condenarla, tiende a convertirse en marginal frente a un proceso constituyente que al concentrar un poder legitimado en las urnas, va a ser protagonista de la toma de decisiones en el futuro inmediato. El futuro de la oposición entonces, depende en lo fundamental de los apoyos que le lleguen de fuera, del oxígeno que le den las injurias, las calumnias y las sanciones contra el chavismo provenientes de los poderes imperiales, como se observa a las claras con la película tantas veces repetida del fraude electoral.
Si bien la Constituyente es un fracaso como escenario de reconciliación, es una dura derrota para el proyecto de tumbar al presidente Maduro e impedirle que gobierne hasta el último día de su mandato en 2019. Es ahora el chavismo el que ha quedado con la iniciativa, así tenga que seguirse defendiendo como gato patas arriba, principalmente de una andanada mediática externa que no tiene precedentes en el mundo.
La fuerza de la Asamblea Nacional Constituyente y sus primeros resultados deben ser tan significativos, que logren atraer a sectores de oposición a un ejercicio de diálogo, o a desistir por lo menos del proyecto violento que los ha animado. Será fundamental para el chavismo, en esa perspectiva, romper el cerco mediático, logrando que no solo su voz sea escuchada, sino también la de la América Latina rebelde que en todos los países se está expresando en defensa de Venezuela, pero es inexistente para las burguesías que monopolizan el ciberespacio y han convertido la información en parte intocable de su patrimonio privado.

16 jun. 2017

Las barras bravas de la política en Colombia

Colombia está tomada por fuerzas internas que la estrujan cotidianamente de un lado para otro. Un ataque de nervios permanente provoca una opinión pública vociferante, espoleada por mediocridades institucionalizadas sin proyecto diferente que promover intereses privados propios o de terceros. El país se llena de falsos dirigentes que a punta de “posverdades” o verdades a medias, arman cada uno su propia barra brava, y al igual que en el mundo sórdido del fútbol rentado, dan la espalda al campo de juego para saltar, insultar y amenazar a sus adversarios, sin otro argumento que su número, su bandera o su poder de intimidación.
1.
La más reciente de esas formaciones energúmenas, es la del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, para desconocer el veredicto adoptado en derecho según el cual Belén de Bajirá, no es un corregimiento antioqueño sino chocoano. La barra brava de Pérez, está encabezada por la Asamblea Departamental, la misma que quiso condecorar y adoptar como hijo de Antioquia al corrupto exprocurador Alejandro Ordóñez. Esa corporación se trasladó al corregimiento disputado para celebrar una sesión “descentralizada”, cantar el himno e izar la bandera antioqueños; un acto de provocación y desafío a las autoridades nacionales que está siendo aplaudido por el resto de la barra, en la cual se han filado el expresidente Uribe, el alcalde Fico y las élites empresariales que desde la década de los ochentas lanzaron la consigna colonialista de “la conquista del trópico antioqueño”.
La manipulación ha sido burda. Ya hasta “Los del sur”, la gran barra futbolera del Atlético Nacional, exhibió una gigantesca pancarta en el estadio con la leyenda “Belén de Bajirá es de Antioquia”, que según el periódico El Colombiano “fue iniciativa de la barra y no de la gobernación de Antioquia”. No han faltado los pronunciamientos de los exgobernadores y de todas las llamadas “fuerzas vivas” de la antioqueñidad decadente, tan bien representada por sus actuales mandatarios.
Una de las perlas del gobernador Pérez, es su campaña de recolección de un millón de firmas para respaldar su rebeldía con el gobierno de Bogotá. De manera que la barra va a crecer y hasta puede volverse más brava. Para Pérez no importa que Chocó tenga medio millón de habitantes y Antioquia más de cinco millones y medio; dirá Él que la ley de las mayorías es la ley de dios, igual que la ley del más fuerte que anda invocando para quitarle al pueblo de Bajirá la salud, la educación y demás derechos como retaliación si ese territorio no es anexado a Antioquia.
En este país, así como todo mundo amenaza, todo mundo recoge firmas. Antes lo hacían las minorías como una estrategia para hacerse reconocer, y ahora, todos los oportunistas que quieren posar de independientes o de demócratas, para arrebatar derechos a los más débiles. Pero la ridiculez no encuentra aún su límite, y la Asamblea de Antioquia, a iniciativa de la bancada uribista, declaró persona no grata al Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un funcionario técnico que simplemente cumplió su deber de actualizar y publicar el mapa del Chocó tal como ha sido.
Como era de esperarse, el lío Belén de Bajirá alborotó el avispero de la antioqueñidad rancia, anticentralista frente a Bogotá y centralista en su relación con las subregiones no andinas y periféricas del departamento, donde habitan los antioqueños de tercera categoría que siempre han despreciado las élites. La bandera federalista fue desempolvada como cada vez que los intereses estratégicos de las élites verdiblancas son cuestionados por cualquier política pública. Se trata de un anticentralismo contestatario que invoca valores culturales regionales del siglo XIX hoy venidos a menos, de una supuesta superioridad de raza, que no deja de semejar la doctrina del “destino manifiesto” en que basa el imperialismo gringo su agresividad con las naciones y pueblos indefensos de todo el mundo.
Es de la mano de la gobernación de Antioquia y sus élites agroindustriales, que los depredadores ambientales de gruesa chequera buscan seguir su penetración hacia el Darién y el corredor del Pacífico. Por lo tanto el “pataleo” será largo y la dirigencia paisa buscará dirimirla en el Congreso de la República, donde las consideraciones técnicas pueden hacerse a un lado, y además cuentan con la bancada del Centro Democrático y demás “padres de la patria” que querrán dejar precedentes para resolver a su favor decenas de litigios similares que están en la carpeta legislativa.
2.
La otra barra, cada vez más brava, es la del expresidente Álvaro Uribe. En materia de paz principalmente, le tira a todo lo que se mueva. Mantiene un proceso de radicalización hacia la derecha del espectro político, que no parece tener límite hasta que se haga con el poder presidencial. La capacidad de vociferación del uribismo asciende en la misma medida que el proceso de paz va alcanzando objetivos y uno tras otro van quedando regados en el camino sus argumentos y sus anuncios apocalípticos.
Al expresidente y su Centro Democrático no le satisfacen las cifras de muertes evitadas desde que se acordó el cese bilateral del fuego; tampoco la soledad del hospital militar; no cree en el desarme total de las FARC, pues alguna vez soñó con ser el receptor personal de esas armas. Todos esos hechos constatables y constatados por las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía, son despreciables frente a su aspiración de ver tras las rejas a los dirigentes de la exguerrilla y en total impunidad a los suyos, los despojadores de tierras y financiadores del paramilitarismo como su hermano Santiago, llamado a juicio por su presunta implicación con el grupo “Los doce apóstoles”.
Como las barras bravas del mundo del fútbol, el uribismo se fortalece sumando fanáticos y apabullando con su ruido. Cuando en el Congreso van a ser derrotados en las votaciones, se retiran para ganar el partido fuera del campo de juego con su gritería. El expresidente senador, igual que el gobernador paisa, consideran que las mayorías están inventadas para derrotar verdades; pretenden que sus intereses se conviertan en legítimos, y sus “tesis” en verdaderas en tanto ellas sean coreadas por muchedumbres prefabricadas.
Al paso de esas muchedumbres, Uribe quiere aplastar (“volver trizas”, es el lenguaje de uno de sus alfiles) la implementación de los acuerdos de paz con la insurgencia y el movimiento por la reconciliación que lleva aparejado. Su marcha hacia el Congreso y la presidencia de la República en 2018, tiene ya las mismas características de su campaña para que los colombianos votaran NO a los acuerdos de paz el pasado 2 de octubre. Ya las mentiras de campaña están siendo fabricadas y sus cerebros trabajan activamente instigando a las iglesias cristianas y sus pastores adinerados; los defensores de la tradición, la familia y la propiedad ya están en guardia para gritar que viene la violación masiva y el despojo de lo mal habido. Todos saldrán de casa para derrotar al impío y defender las buenas costumbres ante la arremetida del terrorismo que se ha disfrazado con la paz y la reconciliación.
Es delirante de igual manera, la campaña internacional que adelanta el exmandatario contra el país y el Estado que gobernó durante ocho años. La visita que realizó a La Florida el pasado 14 de abril en compañía de Pastrana, buscando “dañarle el oído” al señor Trump, era solo el inicio de un periplo que pretende desbaratar el apoyo alcanzado por el proceso de paz más allá de las fronteras, donde repite todas las mentiras que ya se cansó de decir aquí. En todos los escenarios internacionales donde encuentra la oportunidad, el expresidente senador sigue siendo, no el dirigente de un partido político que existe para proponerle nortes a un país necesitado de orientaciones y proyectos, sino el patrón de una barra brava.
3.
Pero hay barras de todos los tamaños. La de Luis Pérez y la de Álvaro Uribe son lánguidas frente a la muchedumbre enardecida que ponen a delirar los “actores”, en el sentido teatral del término, de los monopolios mediáticos establecidos en Colombia, que mañana y tarde destilan su odio contra el régimen político venezolano. En este caso, la congregación fanática es más variada, más “bipartidista” y más “nacional”.
Por obra y gracia de los medios de comunicación “oficiales”, es decir no alternativos, o sea los monopolios adscritos a los Sarmiento, Ardila y Santo Domingo, el colombiano del común sabe tanto de la situación política de Venezuela como el antioqueño corriente sobre Belén de Bajirá. Pero eso es lo de menos. Las barras bravas poco miran hacia la cancha o lo hacen bajo los efectos de sus propios humos. Ellas no requieren que el juego sea analizado porque de antemano saben que todo revés proviene de un mal arbitraje  comprado por el contrincante.
El cubrimiento de la crisis venezolana para el público de este lado de la frontera común, se ha convertido en un monólogo, cuyo protagonista tiene puesta la camiseta y la máscara antigases de los vándalos que en ese país destruyen y provocan el derramamiento de sangre cotidiano, sabedores que mientras más caos y más violencia, más inminente puede ser la intervención militar externa que derrote al chavismo. En efecto, la matriz mediática que se ha impuesto conjuga de maravilla dos ignorancias: una sobre Venezuela y la otra sobre Colombia. La primera afirma y reafirma que en el país hermano, unos héroes llenos de generosidad, patriotismo y amor por su pueblo, le ponen el pecho a las balas de un dictador espurio que los oprime y los aniquila en las propias calles. La otra, sostiene que a este lado, la paz no le cuesta la vida a los dirigentes campesinos y comunitarios, por eso no hay primeras páginas ni grandes titulares para esa tragedia propia que según las altas autoridades, carece de sistematicidad y obedece a casos aislados. La matriz también sostiene que a diferencia de allá, aquí sí hay democracia, justicia social y prosperidad para toda la población; pero si algún paro cívico o protesta nacional aparece, o una olla podrida se destapa, no importa, la barra brava mantiene su gritería señalando para el país de al lado.
No todo sería de reprochar, si la atención de los colombianos hacia Venezuela significara una actitud internacionalista o solidaria con el pueblo hermano. Pero no es este el caso. Estamos ante un fenómeno de manipulación burdo, que ha desatado el poder imperial estadounidense contra ese régimen político después de que no pudo obtener la silla presidencial que dejó Hugo Chávez tras su muerte. La derrota de la oposición pronorteamericana, sin Chávez al frente, no ha sido aceptada ni asimilada hasta hoy. Un golpe de estado continuado se desató desde entonces, combinando todas las formas de lucha contra el gobierno de Maduro y aprovechando la caída drástica de los precios internacionales del petróleo.
A la barra brava antivenezolana se sumó hace pocos meses el presidente Santos. Su actitud conciliadora con Maduro terminó en vísperas de su visita a la Casa Blanca el 17 de mayo, ya desembarazado del acompañamiento del vecino al proceso de negociación con las FARC. De esta manera, el Estado colombiano podrá liderar el bloque antichavista latinoamericano y reasumir su papel de peón de brega de EE.UU. para la política regional. Crece pues la audiencia, y no faltará el aspirante a la presidencia de Colombia que para tranquilidad de Trump y de la OEA, haga caudal electoral prometiendo que se encargará del problema del vecino.

21 abr. 2017

Uribe y Pastrana: La ropa sucia se lava en casa… en la Casa Blanca

Santo y antipatriótico fue el viernes 14 de abril que celebraron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, al buscar un encuentro con el presidente Donald Trump en su mansión de descanso de La Florida. El par de visitantes no podía pasar desapercibido ni para Colombia ni para América Latina; no eran dos intrusos cualesquiera, y el anfitrión, ni se diga: en el lapso de escasas dos semanas ordenó el primer ataque directo con misiles en la guerra que desangra a Siria, bombardeó posiciones del Estado Islámico en Afganistán y movilizó portaviones hacia la península de Corea.
Nada bueno para nuestros países podía salir de semejante encuentro. Se daban cita el magnate con más poder en el mundo, jefe de la primera potencia militar del planeta, con los dos enemigos más notables que tiene el proceso de paz en Colombia, animadores frecuentes del proceso de restauración de gobiernos neoliberales en América Latina.
El contexto internacional no puede ser más problemático, con el grito de guerra que el magnate ha lanzado a tres meses de instalado en la Casa Blanca. Sin desconocer la importancia del subcontinente para los intereses estratégicos de Washington, ni sus sistemáticas políticas injerencistas, hasta ahora Latinoamérica ha estado a salvo de los arrebatos guerreristas de Trump. En un momento en que su nueva política latinoamericana no ha sido completamente formulada, la visita de Uribe y Pastrana no tenía otra intencionalidad que presionarla, y en ese contexto, convertir a Colombia y a Venezuela en prioridades de las actuaciones más inmediatas del Departamento de Estado.
Durante la administración Obama, Estados Unidos evitó el uso directo de la fuerza frente a unos países latinoamericanos relativamente insubordinados, que en diferentes contextos levantaron críticas y desbarataron los proyectos con que el hegemón quiso amarrar, en forma monopólica, las economías del área a la suya propia. Las estrategias de la dominación se “ablandaron” durante ese período. La única actuación propiamente militar fue la reactivación de la Cuarta Flota en 2008, que había sido disuelta en 1950, después de haber cumplido su misión en la lucha contra los alemanes en la segunda guerra mundial. La Cuarta Flota es un emporio militar múltiple bajo la dirección del Comando Sur, que vigila desde aguas de La Florida a toda Latinoamérica y el mar Caribe.
Las armas predilectas del imperio hasta la llegada de Trump han sido las políticas, las económicas, y de una manera muy destacada, las mediáticas. La combinación de ese arsenal le permitió remover algunos gobiernos adversos de base popular, unas veces mediante elecciones generales y otras, mediante golpes parlamentarios, como en Honduras, Paraguay y Brasil. Por lo anterior se ha dicho que estamos en la era de los golpes de estado “blandos”, es decir, sin derramamientos de sangre ni despliegues de la brutalidad militar, donde unos legisladores y unos jueces empoderados, vía “fast track” destituyen a unos presidentes supuestamente corruptos o extralimitados en sus funciones.
La guerra que hoy desarrolla “el policía del mundo” contra los gobiernos insumisos latinoamericanos, es una combinación de desinformación, o sea verdades a medias y mentiras calculadas a través de potentes medios de amplio cubrimiento, con presiones económicas y financiación de grupos y fuerzas opositores, todo lo cual hace posible a los Estados Unidos mantener su retórica democrática y  hasta simular que dejó de intervenir en los asuntos internos de América Latina.
Esta política para la región, está siendo exitosa, y viene dando como fruto más importante, la paulatina caída de los gobiernos progresistas que se instalaron en la primera década de este siglo. Es muy poco probable que el nuevo mandatario estadounidense, por más impredecible que sea, descarte una estrategia que ha sido bondadosa para el imperio, y preste oídos a los cuentos de terror que le llevan algunos emisarios del sur. Uribe y Pastrana son miembros destacados de la conexión republicana con las extremas derechas de América Latina; no por casualidad lograron acceso al exclusivo “Mar-a- lago Club” donde cenaba Trump; pero no lograrán que a su “Gran hermano” se le ericen los nervios y también lance bombas contra el “castrochavismo” de sus alucinaciones.
Hay una buena razón además, para que el mandatario norteamericano se mantenga en su línea de conducta frente al Estado colombiano. Colombia sigue siendo el peón de brega para la política norteamericana en la región, incluso en manos del “castrochavista” Santos, quien recientemente apoyó el ataque gringo con misiles contra Siria, y por si fuera poco, anda buscando convenios de cooperación con la OTAN. Mejor resguardados que con Santos, no podrían estar los intereses estratégicos de EE.UU. en Colombia.
El encuentro de los expresidentes con Trump fue planificado con un mes de anticipación, como lo reconocen dirigentes del Centro Democrático. Todo a instancias de importantes dirigentes del Partido Republicano. Hay una poderosa razón para que CNN en Español y la dirigencia del partido de Uribe, hayan querido ocultar primero, y desestimar después ese encuentro, que desde luego, y  sobra decirlo, tuvo carácter informal. Esa visita aunque breve, busca lavar la ropa sucia de los expresidentes en la Casa Blanca y pretende que la polarización colombiana sea arbitrada por Washington. Una jugada tan antipatriótica no había sido ejecutada por ninguno de los mandatarios más proimperialistas ni más pro-norteamericanos que han gobernado a  Colombia. Buscaban así mismo los visitantes, establecer una diplomacia paralela, desleal y violatoria de las normas más elementales que rigen las relaciones entre los estados.
Pero más allá de las pretensiones de Uribe y Pastrana, e independientemente de lo descabelladas que son, queda en el aire la pregunta sobre el por qué: ¿Por qué ahora? y ¿Para qué metérsele en la sopa al magnate?
Esas respuestas pueden deducirse de la carta que dos días después Álvaro Uribe envió al Congreso de los Estados Unidos, y que puede leerse sin duda como una consecuencia de la conversación con Trump, pues caben dos posibilidades: este aconsejó a aquel dirigirse al Congreso o, Uribe no se sintió debidamente escuchado por el anfitrión y encontró conveniente dirigirse a otro interlocutor. El contenido de la misiva, agrupado en ocho puntos con mentiras y verdades a medias, expresa el desespero de quien necesita quitarse algo de encima, algo que lo asfixia y en efecto, le roba la tranquilidad y el sosiego. Es un escrito de urgencia. Unas quejas por la problemática de los cultivos ilícitos, de la justicia transicional, los resultados del plebiscito por la paz, la supuesta sustitución de la Constitución y el Estado de Derecho, el armamento de las FARC y otros asuntos que en general, implican al gobierno de Santos en una trinca con el régimen chavista y las FARC.
La mayor urgencia del uribismo y sus aliados hoy, se llama Jurisdicción Especial para la paz. La ofensiva contra esa herramienta jurídica es integral, y contempla giras por Europa, visitas a la embajada de EE.UU. y un activismo febril que ya se combina con el propiamente electoral. Desde que los acuerdos de La Habana fueron conocidos, la extrema derecha nacional enfiló sus armas contra dos puntos básicos: las tímidas medidas redistributivas de la tierra, que ponen en cuestión las propiedades mal habidas tras el despojo y desplazamiento en extensas áreas del territorio, y contra la Jurisdicción Especial para la paz, establecida como justicia transicional independiente, organizada alrededor del conocimiento de la verdad, que bien saben los uribistas, pondrá en la palestra pública su participación sistemática en graves crímenes hasta hoy en la impunidad.
La Jurisdicción Especial para la paz ya fue aprobada por el Congreso de la República, y al mismo tiempo avanzan la revisión por la Corte Constitucional y la elección de sus magistrados por el Comité de alto nivel que fue conformado para hacerlo. Apenas en su conformación, ya fue impactada por el primer misil que le lanzó el expresidente Uribe. En su carta al Congreso estadounidense se atrevió a afirmar que “Las FARC han diseñado su propia justicia: los jueces serán designados por personas permisivas con el terrorismo y afines a la seudo ideología de las FARC”.
Uribe se siente acosado al ver que sus otrora incondicionales, quienes fueron sus ministros y generales consentidos, son los primeros que están cogiendo cola para someterse a una jurisdicción que solo otorga beneficios a quienes confiesen verdades, las verdades que saben los miembros más íntimos de su círculo y que pueden llegar a ser reveladas a cambio de beneficios judiciales. Ese es el temor a la justicia transicional; esos son los pasos de animal grande que se sienten venir y desesperadamente se quieren atajar.
Ahora bien; los tribunales de la Jurisdicción no pueden dictar fallos contra presidentes o expresidentes de la república por delitos cometidos en ejercicio del cargo; en tales casos solo pueden reunir evidencias y ponerlas en conocimiento de la Cámara de Representantes. Así quedó acordado en La Habana. Pero en todas sus actuaciones por fuera de ese desempeño, que tengan relación con el conflicto armado, sí tienen competencia los tribunales de la JEP. Cualquier “mala andanza” de un presidente, antes o después de serlo, lo puede poner directamente en la mira de los jueces especiales. Un revés cualquiera del expresidente Uribe ante esa jurisdicción, a más de los que puedan sobrevenir para los suyos, significaría más allá de lo jurídico, una derrota política mayúscula que él ve venir y  se esfuerza por bloquear. Ya se resiente de que sus ministros “yidispolíticos” y algunos generales declaren su intención de acogerse a la Jurisdicción Especial de paz.
Hasta el momento de publicar este escrito, ninguno de los expresidentes ha ofrecido declaraciones públicas sobre los contenidos de su conversación con Trump. El presidente Santos, que fue invitado oficialmente a la Casa Blanca dentro de pocas semanas, se prepara desde ahora para ese viaje endureciendo sus posiciones frente al gobierno de Maduro en el seno de la OEA y de la ONU, donde está poniendo el tema de la “militarización de la sociedad venezolana” y animando un frente de estados antichavistas aliados de EE.UU. en el sistema interamericano. Santos querrá llegar “limpio” a su cita oficial con Trump, y en esa línea, son previsibles también otros endurecimientos, en el frente de los cultivos ilícitos y en sus relaciones con las FARC. En particular, su nueva beligerancia frente al régimen del vecino país, además de oportunista, es desleal porque Chávez-Maduro han sido claves en los logros de la paz y del Nobel que exhibe por todo el mundo. Todo apunta a que, desmintiendo a Uribe, quiere entrar a la Casa Blanca como un gran líder del antichavismo latinoamericano.
Ante el calculado silencio de los expresidentes, lo concreto que queda de todo el asunto es la carta de Uribe al Congreso norteamericano. A través de ella, lo que sí está logrando el expresidente es imponer la agenda de corto plazo en las relaciones entre los dos países. Así lo indican los comportamientos de Santos previos a su visita a Washington, en un esfuerzo quizá, por quitarse de encima el agua sucia que le ha lanzado su antecesor. El presidente quedó capturado en los ocho puntos (léase quejas) que contiene esa misiva y  buscará afanoso zafarse de ellos, para lograr que sus propios temas, como el del apoyo a la paz, sean abordados en la reunión de la Casa Blanca.
El encuentro de Uribe y Pastrana con Trump fue tragicómico. Un evento característico de la política colombiana que la lleva al límite de su mezquindad; es una mezquindad que rebasa fronteras, en una coyuntura social marcada por la desorientación de la sociedad y la crisis de legitimidad de sus liderazgos tradicionales. Los grandes problemas colombianos siempre se han resuelto consultando los intereses de Estados Unidos, solo que ahora, ni siquiera se guardan las apariencias.

29 ene. 2017

Colombia, corrupción y neoliberalismo decente

Al lado de la implementación de los acuerdos de La Habana y el proceso de negociación con el ELN, el tema de la corrupción irremediablemente va a acaparar los contenidos de las campañas electorales que ya se inician para Congreso y presidencia de la República en Colombia.
Una de las consecuencias del bipartidismo tanto institucionalizado como implícito en la política nacional, ha sido la ausencia de controles reales de la administración pública, en manos de unas “ías” capturadas por los mismos grupos políticos que gobiernan. Así, la clase política ha sido al mismo tiempo juez y parte en la función de controlar el gasto público y evitar el desvío de recursos a los bolsillos de particulares.
La corrupción estatal, mal llamada “pública”, es tan antigua como la misma clase política colombiana, y tiene dimensiones tales que le dan connotaciones de una burla permanente a la ciudadanía. Todo político que se respete en nuestro país, promete luchar contra la corrupción “hasta las últimas consecuencias”. Este fenómeno es el principal responsable del apoliticismo, el abstencionismo y la frustración generalizada de millones de ciudadanos, que al dar la espalda al Estado y a la política, le dejan a los traficantes de votos todo el espacio libre para continuar el saqueo. De esta manera, la corrupción termina siendo funcional al sistema político cerrado e ilegítimo que monopoliza la toma de decisiones en todos los niveles.
Desde hace muchas décadas, la clase política, carente de un norte ético y de un proyecto nacional, convirtió al Estado en un botín, en una fuente de recursos a través de la cual enriquece a los suyos y a quienes le sirven. Son las cuotas burocráticas, las tajadas del presupuesto, las remuneraciones desproporcionadas, los honores, y los dineros que de mil maneras se filtran a través de la contratación, el botín al que se han aferrado unas élites voraces totalmente distanciadas del interés público y ciudadano.
La corrupción en Colombia vive mimetizada. Para los grandes medios de comunicación, cuyos dueños no son ajenos a ella, cada negociado es un simple evento que se tapa con otro. La opinión pública no alcanza a entender los intríngulis de cada desfalco o cada “miti-miti” cuando ya están en las primeras planas los siguientes escándalos.
Es cierto que la corrupción está desbocada, pero no desde que llegó Odebrecht a Colombia. En los días que corren, de hostilidades y virulencias entre las élites que nos gobiernan, los eventos dolosos contra el tesoro nacional se han convertido en un campo de batalla entre los partidos y sectores hegemónicos de la clase política. Ha bastado que el uribismo y el santismo radicalizaran sus contrariedades, para que decidieran esculcarse mutuamente y publicarse sus porquerías. Cada fuerza busca movilizar contra la adversaria todo el aparato mediático nacional. Empiezan a arder los rabos de paja, nadie quiere perderse el espectáculo y los competidores en las elecciones de 2018 van tomando las posiciones más estratégicas. Ya algunos de ellos están diciendo, en medio de un nuevo exterminio de líderes campesinos y comunitarios que nos devuelve a la década de los ochentas, que el tema de la guerra y la paz está resuelto, que ya se puede “chuliar” y que llegó la hora, por fin, de elegir políticos que no nos roben.
Lo anterior ha abierto una discusión nacional sobre prioridades. Es innegable que hay avances en la consecución de la paz y que muchos quisiéramos pasar la página, pero los hechos son tozudos: sigue habiendo, contra las buenas voluntades mayoritarias, una extrema derecha mafiosa dispuesta a atajar la reconciliación del país consigo mismo. Las estadísticas de asesinatos del año pasado y lo transcurrido de este, no dejan espacio a la duda. La implementación legislativa de los acuerdos de La Habana apenas empieza, al igual que la negociación con el ELN. El gobierno por su parte, es poco lo que aporta negando el neoparamilitarismo, y repitiendo el libreto de los años ochentas de la “no sistematicidad” en los asesinatos, para no comprometerse en el combate contra estructuras que de muchas maneras, están emparentadas con el Estado y con grandes empresarios del campo.
Pero más allá del debate sobre prioridades, y lejos de subvalorar la lucha contra todos los corruptos y formas de la corrupción, es necesario señalar que alrededor de ese término hay malos entendidos, verdades a medias y verdaderas trampas que muchos incautos no perciben. Lo primero es que maliciosamente se le asigna a la corrupción un espacio de residencia, el Estado; con lo cual se difunde el mensaje neoliberal de que este es necesariamente corrupto porque es a la vez el espacio donde reside la política. La conclusión no puede ser otra: la política y el Estado son sucios; lo limpio son los negocios y las economías de mercado. Este mensaje es pieza fundamental del ideario neoliberal, y brinda sustento a otras estrategias bien conocidas en todo el mundo desde las últimas décadas del siglo pasado, que apuntan a minimizar el Estado, a reducir sus funciones y sus campos de acción, a despojarlo de las que son sus razones de ser, en favor del mercado y la desregulación, en unas sociedades de “sálvese quien pueda” y de capitalismo salvaje.
Como el Estado es la residencia “natural” de la corrupción, el círculo de la falacia se cierra asignándole a la corrupción, un apellido supuestamente legítimo: “pública”. Según nuestra clase política y los grandes medios de comunicación entonces, lo que hay que combatir es la corrupción pública, que para ellos es la estatal, pues en el sector privado todo es transparencia y honradez.
Lo primero que hay que decirles a estos predicadores ahora alborotados, es que lo público no es idéntico a lo estatal. Son también públicos, aunque ajenos al Estado y en otra escala, los recursos de las cooperativas, los sindicatos y entidades similares, los espacios que la ciudadanía se apropia como las calles y los parques, los patrimonios culturales colectivamente construidos como la historia misma, etc. Hay una renuncia tácita a luchar contra la corrupción por fuera del Estado, siendo esta cotidiana y abrumadora en los ámbitos privados; allí permanece a salvo del escrutinio de las mayorías ciudadanas, y con pocas excepciones, de los grandes medios de comunicación. El saqueo de la riqueza socialmente producida que llena tantos bolsillos, ocurre también fuera del Estado; pero es este la mayor víctima del despojo, lo cual se facilita por su debilitamiento progresivo y por la guerra ideológica que le han declarado los tanques del pensamiento neoliberal.
Pero el nodo más importante de la confusión, proviene del concepto mismo, del entendimiento de lo que corrupción significa. Aquí conviene diferenciar contenido de formas, objetivos de estrategias. En esencia, la corrupción es la conversión de recursos y patrimonios públicos en propiedad privada. Ese tránsito de lo público a lo privado requiere, como es obvio, de agentes, que están por fuera o están por dentro de las instituciones o empresas del Estado, y que desde un lugar o desde el otro, actúan como personas privadas, guiadas por intereses propios o de terceros, pero en todo caso, ajenos al interés colectivo. Un funcionario cuando actúa o se desempeña de manera corrupta, está dejando de ser “público”, está traicionando todo compromiso con el bien común y simplemente se desempeña como un infiltrado de agentes externos. No por otra cosa, el Estado colombiano es corrupto; lo es porque está estructuralmente permeado por intereses privados que lo exprimen al máximo, a través de miles de formas y estrategias que se organizan desde dentro y desde fuera de sus instituciones, incluida la elaboración misma de las leyes y las normas.
Suele decirse cada vez que hay un robo de recursos del erario público, como en el caso de Odebrecht, que es tan culpable “el que peca por la paga como el que paga por la peca”. Pues bien; es indiferente para lo que estamos analizando, que el que peque esté dentro de la estructura estatal y el que pague esté fuera de ella. Son tan privados los intereses del uno como del otro. Además, obsérvese que en este como en casi todos los eventos de corrupción, el Estado es el medio, el instrumento, el espacio. El fin, la esencia y el efecto, no es otro que la privatización.
La expresión “corrupción pública” encierra un contrasentido. La corrupción es intrínsecamente privada; es privatización de recursos. El sistema político colombiano está diseñado para que las élites usufructúen (léase privaticen) la riqueza acumulada de los ciudadanos. La corrupción es estructural; es fácil saber dónde empieza pero no dónde termina. Para entenderlo basta remitirse al sistema electoral; este legaliza la puja entre poderes económicos para instalar a sus agentes en las posiciones de mando dentro del Estado. Como está próximo a ocurrir, los grandes conglomerados económicos, grandes empresas y grupos de intereses privilegiados, se lanzan en carrera loca a financiar campañas electorales para capturar posiciones políticas. Los elegidos terminan como rehenes de los grupos que los financiaron, gobernando para ellos, contratándolos a ellos, repartiendo empleos para ellos, rodeándolos de la protección gubernamental y emitiendo normas en su exclusivo beneficio. Los candidatos a cargos de elección popular, suelen vender su alma al diablo que más dinero ponga en sus campañas, si no es que desde antes están matriculados en una empresa electoral. Tenemos una clase política que no gobierna para los ciudadanos que la eligen, sino para los grupos poderosos que financian su acceso al poder del Estado.
La política es lo que menos le interesa a la clase “política”. Quien se lanza a una candidatura o le hace campaña, quien la financia, quien se hace elegir y luego gobierna, todos, están haciendo una inversión, no social sino económica, que en el ejercicio del cargo se redime con contratos, “coimas”, empleos, remuneraciones y privilegios de todo tipo. La política en nuestro país se llenó de gentes que buscan enriquecerse. Colombia necesita tanto un nuevo sistema político como una nueva clase dirigente que practique una ética del servicio público.
En Colombia luchar contra la corrupción no es simplemente revocar el mandato al corrupto de turno, ni reducir remuneraciones a funcionarios del Estado para liberar recursos que seguramente otros se robarán, mucho menos imponerles más rotación en los cargos, con lo cual solo se redistribuye el botín. Así el actual Congreso haya rechazado estas medidas tibias y simbólicas cuando fueron puestas a su consideración, ellas no apuntan de frente a la solución del problema sino a lo que pretendió el célebre presidente Turbay Ayala en su momento: “reducir la corrupción a sus justas proporciones”.
No cabe ninguna seriedad en Colombia, a quienes denuncian, atacan y hacen campaña contra la corrupción, pero al mismo tiempo defienden el sistema político vigente. La privatización de los recursos públicos vive en el contenido mismo de las leyes colombianas; en la ley 30 de 1992, en la ley 100 de 1993, en la ley 142 de 1994, en la ley 1473 de 2011 o “Regla fiscal”, y en toda la legislación de los últimos 30 años que despoja al Estado de sus funciones y obligaciones sociales para abrirle mercados a los capitales privados. Un Estado capturado por los poderes económicos de particulares es incapaz de frenar su propio desangre; únicamente es fuerte para reprimir la protesta y  la oposición política.
La crisis del Estado y su desprestigio, es un fenómeno globalizado, y va de la mano con el empoderamiento abrumador de los capitales transnacionales, para los cuales las naciones, los gobiernos y las culturas son estorbos a su penetración y su crecimiento. El proyecto del capital mundial es derribar todas las regulaciones, todos los controles, circular y penetrarlo todo libremente, libremente comprar y vender, corromper y sobornar. Ni en Colombia ni en ningún país del mundo es pensable un neoliberalismo decente ni una economía de mercado donde la riqueza social esté a salvo, donde las legislaciones y los códigos puedan atajar la voracidad de la corrupción globalizada.

14 ene. 2017

El oscuro tránsito político 2016 - 2017

Dos mil dieciséis no fue exactamente el año de la paz, pero sí resultó decisivo en la marcha hacia una Colombia sin violencia política organizada. El sector de la sociedad nacional que dijo SÍ a los acuerdos de paz, no tuvo una dirección clara que le diera la identidad que las circunstancias estaban pidiendo. La Izquierda militante, por su parte, ofrece un balance bastante pobre sobre su incidencia social y no tuvo la capacidad de dinamizar el movimiento ciudadano por la solución negociada del conflicto armado. La derrota en el plebiscito constituyó su pico más bajo después de haber contribuido en junio de 2014 al triunfo de Santos sobre el candidato uribista. En el transcurso de las negociaciones de La Habana hizo esfuerzos por estimular la participación popular en el proceso, pero las metodologías de trabajo en la Isla no la propiciaron y finalmente, se vio relegada a reproducir, no siempre con oportunidad, los debates que allá tenían lugar. Las luchas reivindicativas y los movimientos sociales, por otro lado, marcharon casi siempre en paralelo con el asunto nodal de la paz, sin lograr articulaciones significativas para el logro de acuerdos más sólidos y definitivos. Ni la búsqueda de la solución negociada coadyuvó al fortalecimiento de la lucha reivindicativa por más democracia y mejores condiciones de vida, ni esta le aportó a aquella el impulso que las Izquierdas pretendieron.
Más allá del proceso de paz, la política colombiana en 2016 transcurrió dentro de los moldes y las tendencias del mundo Occidental que algunos han llamado de la “posverdad”, otros de “la rabia”, de los “populismos de derecha” o simplemente del desencanto con la globalización neoliberal. Solo que en nuestro país esas tendencias negacionistas se manifiestan, y con creces, desde muchos años atrás: aquí se dijo desde el gobierno pasado, e hizo carrera entre la Colombia idiotizada, que no había desplazados por la violencia sino “migrantes internos”; que la judicialización de los JorgeNogueras y otros alfiles del uribismo como los “chuzadores” del DAS, era una persecución política; que los opositores al gobierno eran “guerrilleros vestidos de civil”; que no vivíamos un conflicto armado interno sino una “amenaza terrorista”; que las ejecuciones infames mal llamadas “falsos positivos” eran solo un asunto de “manzanas podridas” dentro de la fuerza pública, etc. etc.
El año que recién culminó, le transfiere al actual algunas realidades y tendencias que jugarán decisivamente en la definición del futuro inmediato, principalmente en el período que se extiende desde hoy hasta agosto del año 2018 cuando haya cambio de guardia en la Casa de Nariño. La primera transferencia del año 2016 al 2017 es trágica: más de una centena de defensores de derechos humanos asesinados, en su mayoría líderes comunitarios y campesinos de regiones azotadas por el conflicto, donde próximamente tendrán lugar importantes proyectos de implementación de los acuerdos de paz. Este desangre ya continuó en enero, y amenaza constituirse en el acto de saboteo más dañino a la implementación de los acuerdos Gobierno-Farc. La ultraderecha armada busca que la taza de la paciencia se llene y se derrame, o que haya una respuesta con la misma moneda y una nueva confrontación devuelva todo el proceso a más atrás de su punto de partida.
Esta cadena de crímenes no sería tan grave si la Fiscalía abandonara su tesis de la “no sistematicidad”, que es la misma que esgrimió el Estado colombiano para hacerse el de la vista gorda cuando empezaron a caer los primeros mártires de la Unión Patriótica en la década del ochenta. Colombia y su territorio son complejos y diversos, su guerra y su violencia igualmente lo han sido; los grupos armados actúan federadamente y cada región escenifica el conflicto de maneras diferentes. Así las cosas, la “no sistematicidad” a la que hoy vuelve el Estado, deviene en un “comodín” para asumir cada asesinato como hecho aislado y evadir una imputación a actores organizados que delinquen en connivencia con agentes estatales o grandes empresarios al margen de la ley. Esperemos que a diferencia del genocidio de la Unión Patriótica, no sean las cortes internacionales cuando el daño esté consumado, las que en próximos años estén diciendo que otro genocidio para atajar la paz tuvo lugar en nuestro país.
El legado positivo del año 2016 es el despertar de importantes sectores de la ciudadanía a la lucha política que aconteció en la coyuntura pos-plebiscito. Esta tendencia podrá mantenerse hacia el futuro, y consolidará dos grandes fuerzas que provisionalmente podríamos llamar la del SÍ y la del NO, en relación con la postura frente a los acuerdos de paz de La Habana. Antes del plebiscito eran los actores en armas –Gobierno y Farc– los que protagonizaban la política y producían la noticia diaria; de alguna manera la política estaba militarizada. La tendencia ahora, es a dirimir en el seno de la sociedad civil las cuestiones cruciales del acontecer político, para que no sean los bombardeos ni las emboscadas, sino las marchas y plantones, los debates abiertos y civilizados, los congresos y asambleas, la concentración de multitudes y las fiestas, los escenarios donde se tendrán que dirimir los conflictos sociales colombianos.
Las FARC se convertirán en partido político y el Ejército Nacional deberá reducirse a lo estrictamente indispensable para defender las fronteras y liberar recursos económicos hacia la salud, la educación, la vivienda y el pan de muchos colombianos que no lo tienen. El presidente Santos borra con el codo lo que hace con la mano cuando coge cola para firmar convenios de cooperación con la OTAN. Anda detrás de esa peligrosa cooperación, para garantizarles el presupuesto y la nómina a los generales que con el posconflicto, están viendo amenazados sus privilegios y querrán ahora, convertirse en agentes de violencia en territorios ajenos. Colombia no puede alcanzar la paz para exportar la violencia; participar o colaborar con la OTAN a cualquier nivel es hacerse partícipe de la agresión a otros pueblos del mundo y convertirse en objetivo militar de los fundamentalismos antioccidentales. ¿En qué estará pensando el presidente Santos?
Otro pasivo que la sociedad hereda del año pasado, es la irrupción con mayor fuerza de las formaciones religiosas de orientación protestante y evangélica en la política nacional. No es un fenómeno estrictamente colombiano ni del año pasado; tales iglesias participaban ya en actividades políticas ungiendo a los candidatos de sus preferencias a cargos de elección popular, garantizando para ellos copiosas votaciones. Pero la campaña para el plebiscito por la paz, catapultó definitivamente al grueso de esas iglesias como una fuerza electoral capaz de decidir sobre asuntos vitales para la vida del país. Son miles de templos y organizaciones regadas por toda la geografía nacional, integradas por hombres y mujeres de fé, en su gran mayoría de los  estratos más desprotegidos de la sociedad, que se unen para conjurar sus pánicos a la globalización, a los avances tecnológicos, a las libertades y a quienes piensan o actúan de manera diferente a ellos. Estas comunidades agrupadas religiosamente tienden a crecer, en la medida que el modelo de desarrollo neoliberal multiplica sus damnificados, y el poder mediático a su servicio, trivializando todo, construye a punta de consumismo y luces de colores un oscurantismo propio del siglo XXI.
Las comunidades de fé agrupadas en las mencionadas iglesias, objetivamente son víctimas del capitalismo neoliberal, pero sus niveles de alienación las hacen refractarias a todo discurso de liberación. Ello explica en gran parte, que hayan sido utilizadas por la extrema derecha del expresidente Uribe para votar contra los acuerdos de paz, tergiversados y falsificados de manera burda, como luego lo reconoció públicamente el gerente de esa campaña. En adelante, cualquier cálculo político tendrá qué consultar a esas fuerzas, si no se quiere pifiar como tristemente les ocurrió a las encuestadoras profesionales en el plebiscito del 2 de octubre.
En medio de esta confusión empiezan a abrirse paso las competencias electorales para congreso y presidencia de 2018. Ya hay precandidaturas y  otras vienen en camino. Algunas campañas se organizarán alrededor de los asuntos de la paz, los acuerdos y las negociaciones futuras; otras buscarán temas de mayor impacto mediático, que puedan movilizar la indignación, principalmente el de la corrupción pública; otras se enfocarán en la crítica al modelo de desarrollo; otras intentarán canalizar hacia las urnas el odio a las minorías y el amor a las cadenas perpetuas y las penas de muerte.
Los sectores sociales del NO a los acuerdos buscarán unificarse alrededor de un candidato del Centro Democrático que tenga línea directa con el expresidente Uribe, de nuevo cabalgarán sobre los oscurantismos para lograr  bancadas legislativas numerosas y un ejecutivo que frene la implementación de los acuerdos de paz. Las fuerzas del SÍ a los acuerdos son las que reúnen las potencialidades que necesita el país para salir a la otra orilla, la de la paz estable y duradera que abra el abanico de la lucha política democrática. Pero es al interior de ese macro-agrupamiento hasta hoy amorfo, donde habrán de producirse los cambios más importantes que la coyuntura reclama. Lo primero es que las estructuras partidistas y sus militancias algún día logren entender que son los movimientos sociales, populares y ciudadanos, los auténticos sujetos del cambio político. El “vanguardismo” está en la base de los repetidos fracasos de los proyectos unitarios en Colombia. La coyuntura posplebiscito de octubre pasado, mostró la potencialidad de las ciudadanías jóvenes del país frente a los más grandes retos que les corresponda afrontar.
En relación con el punto anterior, las estructuras de representación deben reducirse al mínimo posible, para privilegiar la horizontalidad y hacer que el debate fluya y la participación se amplíe. Es en esa deliberación abierta donde los grupos más pequeños y esclarecidos, las “vanguardias”, pueden y deben cumplir sus funciones, con el sano criterio de construir democracia y cultura política.
En el proceso de desmilitarización de la política que empieza, el sector político del SÍ deberá abrir sus puertas al partido o movimiento político que surja tras la dejación de armas por parte de las FARC. Es innegable que hay un extenso campo de expectativas sobre los aportes que la futura organización esté en capacidad de hacer a la unidad, a la democracia y a la política misma en las actuales condiciones de la vida colombiana. Renunciar a la violencia y abrazar la civilidad es de hecho una contribución inmensa al avance de la sociedad. Ir más allá en esa contribución, implica para su dirigencia y su base social el esfuerzo de asimilar con prontitud las nuevas necesidades de orientación política que traen nuestros tiempos.
Es mucho lo que las posFARC tendrán que aprender para que la larga historia que han acumulado, no se traduzca en sus propios fantasmas y al contrario, la conviertan en sabiduría al servicio de las luchas sociales. Pero los comandantes no son los únicos que tendrán que aprender. La asignatura perdida más importante de las Izquierdas y la oposición en Colombia se llama Unidad. Esa asignatura se pierde y se repite todos los años, en parte porque los pensums cambian y las militancias mantienen sus viejos relatos y sus viejos métodos, y en gran parte, porque nadie está dispuesto a sacrificar mínimos de su propia visibilidad para transferirla a proyectos más colectivos y más estratégicos.
Los colectivos del SÍ que se han mantenido o surgido luego del plebiscito, están llamados a consolidar proyectos de unidad y articulación que garanticen el éxito del posconflicto y su ampliación a otros actores dispuestos al desarme, pero ante todo que trasciendan hacia los millones de colombianos que día tras día caen presos en las redes de la frustración, la indiferencia y la antipolítica con sus rabias y sus “posverdades”. No cabe duda que hoy día, son esos los electorados potenciales de las tiranías del siglo XXI, y que una de ellas, tiene a Colombia en la mira de 2018.